Parte del juramento dice "... iré por el beneficio de los enfermos, absteniéndome de todo error voluntario y corrupción...". Esto NO debiera ser exclusivo de los médicos, debiera ser extensivo a todo aquel que presta un servicio o que soporte el ejercicio médico o de administración. Quizás en la actualidad esto se da por hecho, que sea parte del sentido común (el menos común de los sentidos), pero esto no es así.
La realidad supera a la imaginación.
Una paciente enferma terminal de cáncer debe recurrir a tribunales para poder recibir del servicio público de salud su tratamiento paliativo que le permita tener días dignos y sin molestias.
¿A que se debe que un servicio de salud haga pasar por esta situación a una mujer con un grave problema de salud?. ¿Donde esta el criterio?.
¿Quién da la cara?
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